Desde hace años, los investigadores mexicanos reclaman una ley nacional que ponga a la ciencia en el lugar que le corresponde como uno de los recursos clave para el siglo XXI.
Y sí, ha hecho falta una pandemia, una “guerra” de chips, una nueva carrera biotecnológica, una crisis climática global y el boom de la inteligencia artificial para que el Gobierno Federal se pusiera manos a la obra, pero lo ha hecho.
El problema es que lo ha hecho todo mal.
¿Qué ha pasado con la ley? Al margen de la polémica eminentemente política (que ha sido aprobada en menos de una semana en medio de numerosas acusaciones e irregularidades), la nueva ‘Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación’ pretende cambiar radicalmente el ecosistema científico mexicano.
Tanto es así que saca de la ecuación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): el organismo central de la investigación científica mexicana que, durante años, ha perseguido la legislación para “garantizar al pueblo de México el derecho humano a la ciencia”.
Cambios “aberrantes” y “regresivos”. De hecho, ese es uno de los grandes cambios que introduce la Ley. Hasta ahora, los 26 centros públicos del Conacyt tenían autoridad presupuestaria para elegir sus proyectos de investigación; ahora todo dependerá de un nuevo consejo integrado por las Secretarías de Estado, los gobiernos estatales e incluso el ejército nacional.
La idea que maneja el equipo de López Obrador parece de sentido común: el presupuesto dedicado a ciencia, investigación y desarrollo debe orientarse a “problemáticas nacionales urgentes” y debe ofrecer “soluciones pertinentes y culturalmente adecuadas” a esos asuntos.
El problema está en quién va a decidir qué problemáticas son urgentes y qué es una solución adecuada. Ahí es donde la comunidad científica, temiendo que las ingerencias políticas dificulten o impidan el desarrollo de líneas de investigación, se ha llevado las manos a la cabeza. Los calificativos han ido desde “absolutamente aberrantes” a definir la ley como “discriminatoria“.
El campo de batalla es México, pero la guerra es internacional. En medio del clima de polarización que vive el país, puede parecer que la nueva Ley de ciencia es una ley más de MORENA y el equipo de López Obrador, pero no lo es: hace años que vivimos en una crisis sistémica de la ciencia internacional y esta ley toma partido de la peor forma posible.
Porque es indiscutible que la academia tiene muchos problemas y que la “privatización” del conocimiento científico es una lacra que hay que combatir. Pero eso solo se puede hacer reforzando los mecanismos institucionales que alinean los incentivos de los científicos con la búsqueda de la verdad. Todo lo que nos aleje de eso, es un paso en falso.
Imagen | Ocean Jiang
– La noticia La nueva ley de ciencia mexicana no es una ley más: es una batalla clave en la gran guerra por la ciencia moderna fue publicada originalmente en Xataka por Javier Jiménez .